Empresas de desokupación y coacciones: qué exige el Código Penal y por qué el debate sigue abierto

Un Tribunal de Instancia de Madrid ha absuelto del delito de coacciones a seis empleados de una empresa de desokupación que intervinieron en el desalojo de una vivienda subarrendada. La resolución recuerda qué requisitos exige el Código Penal para condenar por este delito y, al mismo tiempo, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: muchos propietarios acuden a estas empresas en lugar de a los tribunales.

Los hechos del caso

Una subarrendadora intentó primero resolver por la vía legal el impago de la inquilina, sin éxito. Después contrató a una empresa de desokupación para que «mediara». Durante varios días de agosto, trabajadores de la empresa acudieron al piso y pidieron a la inquilina que lo abandonara. Ella los denunció por coacciones.

Qué exige el delito de coacciones

El artículo 172 del Código Penal castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le obliga a hacer lo que no quiere. La clave está en la violencia o la intimidación: no basta con que la conducta resulte molesta o insistente.

En este caso, el tribunal concluyó que no constaba ninguna de las dos, ni física ni verbal. Acudir al domicilio varias veces en un mes y contactar con la denunciante no es, por sí solo, una conducta delictiva. De ahí la absolución.

Lo que la sentencia no dice

Conviene evitar una lectura equivocada: el fallo no avala los desalojos privados. Recuperar la posesión de una vivienda corresponde a los tribunales y, después, a los medios que la ley prevé para ejecutar la resolución. Si en otro caso concurren amenazas, intimidación o entrada en el domicilio sin consentimiento, pueden entrar en juego delitos como las coacciones, las amenazas o el allanamiento de morada. Todo depende de los hechos que se prueben en cada procedimiento.

Por qué se recurre a estas empresas y qué se propone

El propio tribunal señala que, con la crisis de la vivienda, los conflictos penales entre propietarios, gestores, inquilinos y ocupantes son cada vez más habituales. Lo preocupante, desde nuestro punto de vista, es que haya personas que recurran a empresas privadas porque sienten que el sistema no les da una respuesta a tiempo.

Pensemos en un bolso robado: si la policía lo recupera, parece lógico devolverlo a su dueña sin esperar a la sentencia. Si un bolso merece esa protección, una vivienda la merece con más motivo. Cuando haya certeza de que un inmueble ha sido ocupado ilegalmente, la policía debería poder actuar con inmediatez.

Distinta es la llamada inquiokupación, la de quien deja de pagar el alquiler. Es razonable que exista una moratoria temporal y limitada para abandonar la vivienda, pero el perjuicio no debería recaer en el propietario: debería asumirlo el Estado. Para evitar que los desalojos privados sean la salida, se podrían plantear, entre otras, estas reformas:

• Ley de Arrendamientos Urbanos: regular esas moratorias limitadas, con coste a cargo del Estado cuando se cumplan los requisitos que se establezcan.
• Código Penal: agravar la usurpación de vivienda, que hoy se trata como delito leve sancionado con multa. Paradójicamente, un hurto de más de 400 euros es un delito menos grave castigado con prisión.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal: regular el acceso de la policía a la vivienda para desalojar a los ocupantes, en lugar de dejarlo en manos de empresas privadas.

Existen otras propuestas, muchas planteadas por magistrados, que el legislador todavía no ha recogido.

Otras posiciones en el debate

El debate tiene otras caras. Quienes defienden más cautela advierten de que acelerar los desalojos sin garantías puede dejar sin hogar a personas vulnerables, de que acreditar con certeza una ocupación ilegal no siempre es sencillo y de que ya existen procedimientos judiciales para recuperar la posesión que podrían agilizarse con más medios. Es un debate abierto en el que la protección de la propiedad y el acceso a una vivienda digna tienen que convivir.

En cualquier caso, la sentencia deja una enseñanza práctica: ante un impago o una ocupación, el camino seguro pasa por la vía judicial y no por intermediarios. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento jurídico: ante un caso concreto, puede consultarnos.